Movimientos sociales protestan contra ley antiterrorista en Argentina

Adital -
La Ley Antiterrorista fue aprobada en Argentina, el último miércoles (13), en tiempo record, después de ocho días que tramitando en el congreso. Para los movimientos sociales de Argentina, ello ocurrió para que el Gobierno de Kirchner pudiera responder a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habían adelantado que considerarían a la Argentina como "país no confiable para las inversiones" si no sancionara una norma que castigara al terrorismo antes del 23 de junio.
En comunicado, los movimientos sociales declaran que Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado "terrorismo". Con su iniciativa, la Republica Argentina aprobó, el 30 de marzo de 2005, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Kirchner también ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el cual cuenta con un centro de detención especial - una cárcel al margen de la ley - para "terroristas".

Los movimientos sociales de Argentina llaman a todos a unir los esfuerzos con los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados para repudiar e impedir la aplicación de la Ley Antiterrorista. Quieren también ampliar la lucha por su anulación y la de los tratados internacionales que le sirven de base, a través de actividades, movilizaciones y todo tipo de acciones políticas.

Según las entidades, esta ley "tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo mas abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como ‘terroristas’". Además, ellos creen que esa Ley Antiterrorista se encuadra dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del "Derecho Penal del Enemigo" y del "Derecho Penal de Autor".

Con ello, las entidades aseveran que serán creados delitos que no penan hechos, sino a su autor por el solo hecho de ser un luchador, trabajador, o por pertenecer a una organización política, social, gremial o de derechos humanos. "Es en este marco que se utiliza la figura de la asociación ilícita, que ha sido usada tanto por gobiernos de facto como constitucionales para reprimir a los trabajadores y el pueblo", denuncia el comunicado.

Los términos utilizados permiten una gran amplitud por parte del interprete sobre que es una organización terrorista. Las agrupaciones sociales consideran que el texto de la ley no está claro y que esa herramienta represiva trata como un "terrorista" a todo aquel que forme parte de una organización que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos, como obstrucción de calles, obligar a un gobierno u organismo internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que la organización, tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político.